Investigan misteriosa donación en Londres por US$3,4 millones
Con casi medio siglo de tradición en la protección y adopción de menores, la Fundación Pisingos fue suspendida.
Con el propósito de ayudar a la niñez
desamparada, en mayo de 1968 un grupo de 22 matrimonios decidió crear en Bogotá
la Fundación Pisingos. Una iniciativa tan loable que durante más de cuatro
décadas se convirtió en el referente de protección de miles de menores pobres y
en un modelo internacional para la adopción de infantes. Sin embargo, esta
semana esa herencia filantrópica quedó en entredicho porque millonarios manejos
financieros non sanctos derivaron en la pérdida de la licencia de
funcionamiento y la suspensión de la personería jurídica por seis meses.
Desde hace varios años eran un secreto a voces
las dudas que persistían sobre las casas de adopción. Primero, por su
infraestructura, y segundo, ante rumores sobre manejos por debajo de la mesa a
la hora de entregar menores en adopción. Cierto tufillo de preferencia por los
extranjeros antes que los connacionales.
En 2005 hubo un campanazo. Varias casas de
adopción entregaron a familias foráneas 383 niños y niñas. A cambio recibieron
por donaciones cerca de US$2,3 millones que fueron a parar a cuentas de Panamá,
Islas Caimán, Nueva York y Colombia. También el año pasado la Procuraduría
evidenció que varios establecimientos de adopciones de Bogotá, Cali y Medellín
funcionaban sin control.
Pero fue el 4 de septiembre de 2012 cuando, al
parecer, un exempleado inconforme de la Fundación Pisingos presentó una
demoledora queja y alertó al propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) de que algo muy grave estaba sucediendo con el manejo financiero de la
Fundación. Registros del Instituto dan cuenta de que tiene bajo su tutoría a
80.290 niños en el país, de los cuales cerca de 12.000 pueden ser adoptados.
Por eso es que ante el gran volumen de menores el Instituto celebra contratos
con terceros, les entrega el cuidado de los infantes y les da un aporte mensual
por cada uno, cercano al millón de pesos.
Las denuncias del informante no eran de poca monta.
Por eso, a través de los profesionales Carlos Pedreros, de la Oficina de
Aseguramiento a la Calidad, y Julián Buitrago, de la Subdirección de
Restablecimiento del ICBF, se iniciaron las pesquisas. Casi un mes después, el
2 de octubre de 2012, los resultados no fueron menos que preocupantes.
Entonces un protagonista saltó en la escena de
las adopciones. Carlos Marulanda Echavarría, quién hasta hace pocos días ofició
como director ejecutivo de la Fundación Pisingos. El 29 de diciembre de 2011 el
ICBF renovó por dos años el contrato a la Fundación para atender alrededor de
135 menores. Un servicio por el que recibirá hasta $3.379 millones del
Instituto.
Pero el corte de cuentas mostró que cerca de 20
niños fueron trasladados a una sede diferente a Pisingos, conocida como Hogares
de Crianza. Y en el manejo financiero empezaron las perlas. Por ejemplo, un
embargo de $152 millones contra la Fundación por la empresa para el
telemercadeo Phone Contact S.A.S. A ello se sumó que la cuenta donde consignaba
los aportes el ICBF también estaba embargada, al igual que su sede principal
ubicada en el norte de Bogotá. También se encontró que a un grupo de empleados
de Pisingos les adeudaban salarios hasta de un año.
El uso de una tarjeta de crédito corporativa por
parte del director Marulanda dejó estupefactos a todos. Tenía como propósito
atender a representantes de agencias de adopción, pero terminó en gastos
familiares: pago de arriendos personales, servicios públicos, planes de salud,
teléfonos celulares de los hijos o en mesadas de universidad, no autorizadas
por la junta.
Pero más sorprendente resultó el giro mensual de
$10 millones que desde septiembre de 2005 hasta diciembre de 2012 hizo su
director a una cuenta en Londres. Según justificó Marulanda a los investigadores
del ICBF, en esa capital falleció el ciudadano colombiano Antonio Escobar y le
dejó a la Fundación un legado de US$3,4 millones. Una donación que no apareció,
pero por la cual la Fundación giró $850 millones como gastos para recuperarlas.
Uno de los investigadores del caso le relató a El Espectador que: “No
encontramos soportes del supuesto fallecido, de su dinero y menos de un abogado
en el caso, el destino de esos recursos es aún un misterio”.
Caso aparte resultó el del revisor fiscal de la
Fundación. Según el ICBF, el contador Luis Alberto Álvarez certificó pagos de
la seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales,
aun cuando no habían sidos pagados por la Fundación en su oportunidad. Al
respecto, el ICBF señaló que: “Toda la estructura de la Fundación falló en los
procedimientos, las autorizaciones, las decisiones y los controles permitiendo
que ocurriera lo que ella misma califica como una actividad criminal, dolosa,
calculada y reiterativa, defraudando los intereses de la Fundación”.
El asunto parece pasar a mayores. Además de que
el ICBF les quitó temporalmente la licencia para operar atendiendo a niños en
la institución y paralizó el programa de adopciones, una vez quede en firme la
resolución con las medidas, los menores deberán ser trasladados. El caso queda
ahora en manos de la DIAN, la Fiscalía y la Junta Central de Contadores. Una
iniciativa altruista de 22 parejas hace 45 años que por manejos indebidos está
al borde del precipicio.
Por: Norbey Quevedo Hernández
Fuente: Elespectador.com
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